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80.º aniversario de la II República española

 
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Taky





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MensajePublicado: Mie Jun 01, 2011 10:28 pm    Asunto: 80.º aniversario de la II República española Responder citando

FUENTE: http://www.elmanifiesto.com/index.asp

80.º aniversario de la II República española




JOSÉ ANTONIO NAVARRO GISBERT

Los primeros pasos

Mientras en algunas partes de la capital española sonaba el estribillo:
"No se ha ido, que le hemos barrido
No se ha marchado, que le hemos echado",

los próximos rectores del nuevo régimen salían de la cárcel o regresaban del exilio. Mientras se agotaban las telas moradas para sustituir la franja inferior roja de la tradicional bandera de España, la reina Victoria, acompañada de la familia real, con excepción de Alfonso XIII, que horas antes había partido de Cartagena rumbo a un incierto destierro, se trasladaba en automóvil a El Escorial para tomar el tren que la llevaría a Francia.

Ante el vacío de poder, el nuevo Gobierno procedía a la elaboración de decretos, mientras masas entusiastas se entregaban a la sustitución de nombres de calles, y en iconoclastia vertiginosa destruían estatuas de reyes, sin exclusión de los godos.

Las primeras actuaciones de los componentes del Gobierno señalaban orientaciones que se confirmarían en el futuro. Mientras Prieto, desde el ministerio de Hacienda difundía una imagen tranquilizadora encaminada a generar confianza en los sectores financieros e industriales nacionales y extranjeros, la mayoría de sus compañeros ministeriales, no iban en sus pronunciamientos más allá de expresiones de retórica acerca del pasado.

Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, se fijaba como meta la secularización de la enseñanza, dejando al arbitrio de los maestros la decisión de explicar, o no, clases de religión. Desde el ministerio de la Guerra, Azaña tomaba decisiones destinadas a depurar al Ejército de aquellos destacados por su lealtad monárquica. El juramento de fidelidad al Rey, fue sustituido por la promesa de lealtad a la República. La intención de Azaña, expresada en el decreto, que por antonomasia sería conocido como «el decreto de Azaña», se cumplió en dos vertientes: la eliminación de oficiales monárquicos y la disminución del personal militar.

La presencia de los conservadores Alcalá Zamora y Miguel Maura en el Gobierno, dentro del conglomerado representado por socialistas, radicalsocialistas y radicales, quedó minimizada, aunque a Maura le correspondería afrontar, desde el ministerio de la Gobernación, los primeros problemas de orden público. En lo que podría definirse como el centro del Régimen destacaban Prieto y Azaña. El primero, pronto se destacaría como gran parlamentario, y el segundo, a través de sus primeras intervenciones en el Congreso, saldría del anonimato para las masas, anunciando una cerrera ascendente.

La primera crisis

El mismo día 14 de abril, a primera hora de la tarde, Lluis Companys había proclamado la República, y poco más tarde, Francesc Maciá declaraba «el Estado Catalán dentro de la República Española.» Su obstinación idílica de una Cataluña libre le llevó a esta precipitación que ocasionó una reprimenda desde el naciente Gobierno. Maciá se vio forzado a modificar su actitud inicial y se refirió a una «República catalana como “Estado integrante de la Federación Ibérica”.»
El alarmante brote secesionista, de la primera iniciativa de l’Avi (el abuelo), como era conocido Maciá, decidió al Gobierno a enviar dos ministros catalanes, Marcelino Domingo y Nicolau D’Olwer, y acompañados por Fernando de los Ríos, se trasladaron con urgencia a Barcelona para afrontar la crisis planteada por el antiguo teniente coronel del Ejército español. Los planteamientos de los emisarios obtuvieron, a regañadientes, la aceptación de dependencia del poder central, en el marco de un «Gobierno de la Generalitat de Cataluña.» Fruto de estas negociaciones se creó el clima propicio para la visita de Alcalá Zamora, presidente del Gobierno provisional, a Barcelona. Aunque la recepción fue clamorosa, las precipitadas proclamas habían delatado una intención, que oculta por el momento, era el presagio de espera de mejor oportunidad.

La quema de conventos

El Gobierno provisional fue sorprendido en su optimismo por unos acontecimientos que se produjeron el 11 de mayo. Apenas sentados a la mesa del Consejo de ministros, les llegó la noticia de que estaba ardiendo la residencia de los jesuitas de la calle de la Flor. Uno de los ministros tomó en broma la noticia, y a otro le causó gracia que fueran los hijos de San Ignacio los primeros en pagar el «tributo» al «pueblo soberano.» Solo Maura y Prieto coincidieron con la mirada, sin mediar palabras, en la gravedad del asunto. Alcalá Zamora, ante el requerimiento de Maura recabando los poderes necesarios para actuar, intervino para exclamar: «Cálmese, Migué, que esto no es sino, como disia su padre fogata de virutas.» Y cuando Maura advirtió de que si no sacaba la fuerza a la calle arderían todos los conventos de Madrid, Azaña manifestó su opinión: «Eso, no. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.»

Como reguero de pólvora la furia incendiaria hizo pasto de las llamas un auténtico tesoro arquitectónico, pictórico, además de otros objetos de inestimable valor. Las quemas de Madrid sirvieron de estímulo en muchas partes de España.

Desde las páginas de El Sol, los fundadores de la Agrupación al Servicio de la República, difundieron la siguiente nota: «La multitud caótica e informe no es democracia, sino carne consignada a tiranías. Quemar conventos e iglesias no demuestra un verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal. El hecho repugnante avisa del único peligro grande y efectivo que para la República existe: que no acierte a desprenderse de las formas y las retóricas de una arcaica democracia en vez de asentarse desde luego e inexorablemente en un estilo de nueva democracia. Inspirado por esta, no hubieran quemado los edificios, sino más bien se habrían propuesto utilizarlos para fines sociales. La imagen de la España incendiaria, la España del fuego inquisitorial, les habría impedido, si fuesen de verdad hombres de esta hora, recaer en esos estúpidos usos crematorios.» Lo firmaban Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala.

El predominio en el nuevo régimen del dogmatismo oficial fue creando en la práctica un problema de nuevo cuño: el de la mayoría religiosa atacada. La contestación del Episcopado no se hizo esperar: el 3 de junio los metropolitanos hicieron llegar una protesta colectiva por los actos de violencia cometidos contra los derechos de la Iglesia, y el 12 del mismo mes, daban a conocer una declaración sobre los deberes de los católicos. En la misma recomendaban la sumisión de los católicos al poder constituido y protestaba contra «los atropellos y vejámenes de que son objeto la Religión y la Iglesia».

La República preconizada por Alcalá Zamora: «¡Una República con el arzobispo de Valencia y con el Toledo, que es más,!» estaba lejos de lo que se perfilaba en el horizonte.



Sin que un piquete de alabarderos hiciera el menor asomo en defensa de la Monarquía, el 14 de abril de 1931, a consecuencia de unas elecciones municipales celebradas dos días antes, se derrumbó, sin estrépito y casi sin dolientes, la institución milenaria nacida en la cornisa cantábrica para recuperación de la España perdida tras la invasión musulmana.
La concatenación de crisis, que tuvieron su desenlace con la proclamación de la II República, sin necesidad de ir más lejos, se había iniciado con el agotamiento de los partidos políticos, incapaces de hacer frente a las graves circunstancias que culminaron con el desastre de Annual y la endémica situación en Cataluña, azotada por el terrorismo anarquista, y la no menos violenta respuesta del pistolerismo auspiciado por la patronal a través del Sindicato Libre.

El golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 del general Primo de Rivera con la intención de poner orden, permite plantear la pregunta: ¿Sirvió al rey o preparó su mortaja? La aceptación del monarca, con amplia aquiescencia de la sociedad española del hecho consumado, que interrumpía la constitución de 1876, fue el acta de defunción anticipada de la propia Monarquía.
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España que no tenían otro objeto más que renovar Concejales en todo el país, y por una serie de circunstancias se modificó el sentido de la convocatoria y se convirtieron en un plebiscito con dos opciones: monarquía o república. Aunque el resultado en su conjunto fue favorable a los monárquicos, que ganaron las elecciones con 22.150 concejales contra 5.875, lo esencial fue que en todas las ciudades más importantes de España había obtenido un triunfo homologable al obtenido en Madrid.

Sin embargo, este resultado, en el ánimo de los más destacados republicanos no era previsible la vorágine con que se desarrollaron los acontecimientos. Fernando de los Ríos, por ejemplo, paseando, fatigado y silencioso, ya anochecido, por el paseo de Recoletos, afirmó a Miguel Maura y a Largo Caballero: «El triunfo de hoy nos permite acceder a las elecciones generales, que se celebrarán en octubre, y entonces, el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la República.»

Pero un estado de aletargamiento entre los monárquicos, que alcanzaba hasta el propio Alfonso XIII, permitió que una serie de incidentes provocaran, en desenfrenada concatenación, la caída de la institución. Hay mucho de cierto en la opinión de que la República la trajeron los monárquicos y la frustraron los republicanos, pero esto último estaba muy lejos. Lo cierto es que, como afirmó el almirante Aznar, jefe del último gobierno de la Monarquía, España se había acostado monárquica y despertado republicana.
El penúltimo acto anterior a la proclamación de la República, se desarrolló en el domicilio de Gregorio Marañón la tarde del 14 de abril. Los personajes de aquella escena fueron el conde de Romanones y Alcalá Zamora, en su condición este de presidente de un Gobierno Provisional de la República. Después de preguntarle al conde de que oído escuchaba mejor, le dijo de sopetón: «Ya se ha proclamado la República en Eibar, en Vergara, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla y en Oviedo. Los gobernadores civiles se comunicaron conmigo y no con vuestro gobierno. La Monarquía ha perdido la batalla.» Cuando, en respuesta, Romanones preguntó acerca de una posible solución, Alcalá Zamora, crecido, la ofreció: «La marcha rápidamente del Rey.» Y ante el forcejeo del conde tratando de demorar el desenlace, recibió la tajante respuesta: «La República se proclamará antes de que se ponga el sol y, para entonces, Don Alfonso debe haber resignado el poder ante el Consejo de Ministros.»

El presidente del Gobierno Provisional de la República juega seguro: cuenta ya con el apoyo tácito del general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, renuente a enfrentar la situación por medios represivos.
Cuando acude Romanones a dar cuanta al Rey de la entrevista, en pocas palabras describe el fracaso, y dice: «No hay nada que hacer, Señor.» La Monarquía cedió antes de la puesta del sol. El Rey partió aquella tarde, y el resto de la familia real lo hizo al día siguiente. Cuando Alfonso XIII pronunció la frase de rigor: «El Conseja ha terminado», había concluido algo más: una época.

Miguel Maura, que sería el artífice de la conducción de los miembros del Gobierno Provisional hacia el ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol, desde cuyo balcón principal se hizo la histórica proclamación el 14 de abril de 1931, diría cuando reconstruyó aquellos acontecimientos: «No hemos arrebatado el poder: lo hemos recogido del arroyo donde estaba.»
La fractura en que se debatía España en aquellos días tiene un exponente en las posiciones adoptadas por dos vástagos de un prominente político de la Restauración tardía: Antonio Maura. Gabriel, duque de Maura, que había rehusado a ser ministro en diversas ocasiones, aceptó la cartera de Trabajo en el último gobierno de la Monarquía, presidido por el almirante Aznar, y en presagio de hundimiento, aclaró su decisión: «.. yo voy a Trabajo. Siempre había pronosticado que mi carrera política terminaría acompañando a la Corona al cementerio. Lo que no sé es si después de la conducción saldremos por la puerta o por la ventana.»

Miguel Maura, que había proclamado su conversión republicana, no aceptó la mediación de su hermano mayor, Honorio, transmisor del deseo de Alfonso XIII para que reconsiderara su postura. Ya era tarde. A Gabriel Maura, como para dar cumplimiento a su predicción sepulturera, le correspondió redactar el último mensaje que el Rey dirigió a la nación.

Alejandro Lerroux, en Mis Memorias, dejaría escrito: «En resumidas cuentas, lo que sucedió en abril de 1931 no fue un triunfo de una conspiración republicana sino que la Monarquía tuvo miedo y se marchó. La Monarquía y la República no lucharon frente a frente. Se miraron, se saludaron y se volvieron la espalda.»



La etapa constituyente

El 3 de junio de 1931 se daba a conocer el decreto convocando a elecciones para Cortes Constituyentes, que se celebrarían el 28 del mismo mes. Se efectuaron en dos turnos: el domingo 28 de junio el primero, y el 12 de julio el segundo. Estas Cortes estarían constituidas por una sola Cámara, totalmente elegida por sufragio universal, en lugar de las dos imperantes en el régimen anterior.

La edad mínima del electorado se rebajó de veinticinco a veintitrés años, pero excluía del derecho del sufragio a las mujeres, aunque la decisión acerca del voto femenino, se postergaba para las futuras Cortes ordinarias. Cuando se discutió el tema, Indalecio Prieto, ante la duda que planteaba el caso, lo defendió, dejando en el aire un recelo: «Creo, lo digo sinceramente, que en los sectores de democracia española, el voto de la mujer no hará flaquear, sino que probablemente acrecentará la proporción de votos socialistas; pero los votos socialistas no son toda la izquierda en el actual mapa electoral de España, y yo temo, sabiendo que las mujeres en los hogares de muchos republicanos españoles están dominadas por el clericalismo, que el voto de la mujer por ese lado puede ir a engrosar la falange clerical.»

El triunfador indiscutible fue el Parido Socialista, que se permitió la magnanimidad de regalar a Azaña un grupo de diputados. El Partido Radical de Alejandro Lerroux, segundo en obtener el favor del electorado, mereció de parte de la conjunción republicano-socialista, la consideración de «una oposición aceptable.» Los republicanos conservadores, que pasaron a llamarse Progresistas, en razón de su precario resultado quedaron relegados a segundo lugar, de tal manera que Alcalá Zamora y Maura vieron desvanecerse su pretensión de constituirse en punto de equilibrio.

La ausencia de una derecha, o centro-derecha, como correspondía al sustrato sociológico español, pero no representado en las Constituyentes en virtud de la desorientación en que se vio sumergida con el cambio de régimen, ponía de manifiesto el desequilibrio en el debate que se plantearía para la elaboración de la futura Constitución. De esta manera, la República iniciaba un rumbo imprevisto por los republicanos conservadores que la promovieron. La aplastante mayoría socialista e izquierdista les garantizó la apertura de un proceso que, al principio como presidente del Gobierno Provisional, y después como presidente del Consejo de Ministros, hizo emerger a Manuel Azaña para dirigir los destinos de España.

La sesión de apertura de las Cortes Constituyentes se celebró el 14 de julio. Unicamente Alcalá Zamora, Maura, Lerroux y Fernando de los Ríos, vistieron el chaqué de otros tiempos. El discurso inaugural, calificado por Fernando de los Ríos como «canto de epifanía de la Nueva España» fue pronunciado por Alcalá Zamora. Para la presidencia de la Cámara fue elegido Julián Besteiro. Al revisar las actas se privó de la suya a Calvo Sotelo, ausente en París, que había obtenido 100.000 votos en Orense. Las actas de Salamanca fueron declaradas nulas, lo que movió a un casi desconocido José María Gil Robles, a una exposición vigorosa en fundamentos y enérgica, que obligó a la Comisión a rectificar la decisión. Ortega y Gasset se referiría a la primera intervención del futuro líder de la CEDA: «¡Un gran parlamentario! ¡Las derechas encuentran enseguida un gran parlamentario y siempre del mismo tipo. El discurso, pleno de razonamientos objetivos ha hecho que la Cámara, que estaba en contra suya, se incline de su lado.» Tampoco para Madariaga pasó inadvertido la intervención de Gil Robles: «Es el único discurso que se ha oído en las Cortes Constituyentes. Si este hombre ha triunfado antes de ser diputado, su intervención de hoy nos presenta a uno de los grandes parlamentarios de estas Cortes.»

Algunas intervenciones de diputados impregnadas de oratoria vacía y declamatoria, movió a Ortega y Gasset a alzar su voz: «Es preciso que no perdamos el tiempo. Nada de divagaciones ni de tratar frívolamente problemas que solo una revelación de técnica difícil pueden aclarar; sobre todo, nada de estultos e inútiles vocingleos, violencia en el lenguaje o en el ademán. Porque es de plena evidencia que hay sobre todo tres cosas que no podemos venir a hacer aquí: ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí.»


El Estatuto de Cataluña

Coincidiendo con el debate en las Constituyentes, en Cataluña se elaboró un proyecto de Estatuto que sometido a referéndum fue aprobado por mayoría absoluta. En los medios catalanistas se daba por descontado que este triunfo era la puerta abierta a la soberanía e independencia de Cataluña. El propio alcalde de Barcelona declaraba sin ambages: «No aceptaremos enmiendas a nuestro proyecto, y si las hubiera, Cataluña las anotaría con un nuevo plebiscito.» No fue menos explícito el consejero de la Generalitat Carrasco Formiguera: «Somos un pueblo en pie de guerra, y es natural que acudamos a la santa coacción para ganar la batalla definitiva. Si durante la guerra entre Francia y Alemania algún francés se hubiera puesto a parlamentar con los enemigos, se le hubiera pasado por las armas.»

Desde las páginas del El Socialista, el 4 de agosto, terciando en el problema planteado por el proyecto que Maciá presentara a Alcalá Zamora el 14 de agosto, sostenía: «Una considerable masa de opinión, que no ha podido movilizar las intolerables coacciones de la Generalitat, se ha mostrado ajena a un pleito de etiología oscura y morbosa. En recta doctrina de derecho político, en consideración de ponderada pulcritud ética, el plebiscito amañado por la Generalitat carece en absoluto de validez para basar en él su virtualidad autonomista.»

Coincidiendo con la intentona del general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, el Estatuto sería aprobado.



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